Goliat contra David: ¿la Batalla de Vieques en la encrucijada final?

Humberto García-Muñiz, Ph.D.
Instituto de Estudios del Caribe,
Univ. de Puerto Rico Profesor Visitante,
Univ. de Rutgers
HGarciaMuniz@cs.com
25 demarzo de 2000

La alegoría bíblica de David y Goliat se ha utilizado para atraer la atención a cuatro aspectos del conflicto vivo entre Estados Unidos y su colonia caribeña de Puerto Rico por la explotación de la isla municipio de Vieques como campo de práctica y adiestramiento militar de 1943 hasta hoy día. La selección de esta personificación bíblica se fundamenta en la afamada superioridad del guerrero filisteo Goliat, representado por Estados Unidos, frente a la minúscula Vieques, que representa el pastor israelí, David. Con ella se quiere hacer hincapié en la desigualdad enorme de la relación colonial entre los actores y sus diferencias en estrategias y recursos en la llamada "Batalla de Vieques".

El dominio colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico se origina con su conquista en la guerra del 1898. Toda legislación metropolitana es aplicable a la isla comenzando en aquel momento. Desde ese entonces su hegemonía militar impera en el Caribe, sustentada con el doble elemento de la coerción y el consenso. El resultado de la crisis de Vieques puede sentar las bases para una hegemonía fundamentada en el consenso civil-democrático y no en el poder militar en su burda y costosa expresión y represión. Una política a favor de los derechos humanos es una política a favor de la democracia.

El punto central del conflicto es el cese o la continuación de los ejercicios militares de la Marina en Vieques y la limpieza y descontaminación de la isla a la salida de ella. Al momento de escribir estas líneas, en marzo del 2001, las dos nuevas administraciones electas-la del presidente George W. Bush, Jr., del conservador pro-militarista Partido Republicano y la de la gobernadora de Puerto Rico, Sila Calderón, del centrista Partido Popular Democrático (PPD)- llevaban a cabo negociaciones sobre los métodos para solucionar la disputa. Las materias de discusión son la condición de la salud de los viequenses tras medio siglo de ejercicios de la Marina y las alternativas a presentarse en un referéndum en Vieques sobre la prosecución de estas prácticas. La naturaleza de estas negociaciones es asimétrica y favorece a la Marina, pero la aceptación final del resultado está, en última instancia, en manos de los viequenses, con el apoyo generado en Puerto Rico.

Un primer aspecto de la cuestión de Vieques es que Goliat da muerte -literalmente es el el que lanza el proyéctil- a David. En 1999, David Sanes, un guardia privado de seguridad, muere destrozado por una bomba 500 libras disparada desde un avión Hornet FA-18 de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos al fallar su blanco de prueba en Vieques. Éste fue el último de varios incidentes. Uno de los anteriores fue en 1993, cuando otro avión dejó caer cinco bombas iguales -cuatro detonaron y la quinta no ha sido aún localizada- a una milla del pueblo de Isabel Segunda y a 10 millas de su blanco.

El próximo aspecto es el reclamo del gobierno de Puerto Rico -sostenido unánimemente por el pueblo puertorriqueño- del paro inmediato de las actividades militares en Vieques, llamada la Isla Nena en Puerto Rico. Haré referencias breves a las comunidades de indígenas (native-Americans) y hawaianas en Estados Unidos. Además discuto los conceptos de identidad nacional -la puertorriqueñidad-, la diáspora y la ciudadanía estadounidense en el contexto insular dentro del vínculo colonial.

En tercer lugar, recabo la participación de actores gubernamentales y no gubernamentales - estadounidenses, latinoamericanos, caribeños e internacionales- ante la violación de los derechos humanos a la comunidad de Vieques por el Departamento de la Defensa , porque su política de seguridad cooperativa hemisférica, no puede -por definición - ser unilateral y darle preeminencia a la rama militar sobre el poder civil-democrático. Aquí analizo el cambio estratégico de Puerto Rico dentro de la estructura militar del Departamento de la Defensa desde una perspectiva geopolítica global. El aspecto concluyente sostiene que un proceso de restitución es el único apropiado para la solución definitiva de la disputa.

La victoria de "Goliat" sobre "David": la Marina en Vieques, 1943-2000

Al comienzo de su control militar del Caribe en 1898, principalmente para controlar las vías marítimas de transportación entre los océanos Atlántico y Pacífico del canal a construirse, Estados Unidos estableció un sistema de bases y polígonos de maniobras navales en varios países caribeños. Las bases sobrepasaron la veintena durante la Segunda Guerra Mundial, pertenecientes la mayoría a la Marina de Guerra. Hubo repercusiones sociales, económicas y políticas en algunos territorios, especialmente en las Bermudas y Trinidad y Tobago.

El calvario de Vieques frente a la Marina comenzó en 1943 cuando unas 825 familias (3,620 personas) sufrieron la expropiación por compra de sus tierras o el desalojo forzado de sus casas.2 La mayoría de los afectados eran agregados en propiedades de corporaciones azucareras. También en la vecina isla de Culebra se llevaron a cabo expropiaciones. El propósito de la adquisición de estos territorios era utilizarlo para fines militares, los cuales cambiaron según los avances en la tecnología militar.

No obstante, el uso inicial de Vieques fue resguardar a la presuntamente derrotada flota de Gran Bretaña, como parte de la base naval de Roosevelt Roads en Ceiba, al este de Puerto Rico. La realidad fue otra, pero aún así, en 1947, las expropiaciones continuaron al querer la Marina adquirir ambas islas en su totalidad.3 Los primeros ejercicios militares de la Flota del Atlántico en el área comenzaron en 1948. Al año siguiente, algunos países miembros de la Organización del Atlántico Norte (OTAN) comienzan a pagarle a Estados Unidos por sus maniobras navales y militares en las aguas circundantes a las islas.

En los años 50, en función de la Guerra Fría, Roosevelt Roads crece y se convierte en la base naval más grande del mundo -si incluimos a Vieques. Sus misiones eran varias, entre ellas, usarse para las prácticas de los Ejercicios de Adiestramiento de la Flota del Atlántico (Atlantic Fleet Training Facility), el almacenamiento de armas nucleares, en violación del Tratado de Tlatelolco, y como trampolín de algunas intervenciones en el Caribe.4

La Marina se adueñó de 79% de la superficie de Vieques.5 Un elevado número de la población fue reubicada. Algunos se desplazaron a Puerto Rico (llamada "la isla" en Vieques), situada a siete millas de distancia. Otros emigraron a la isla cercana de St. Croix. La mayoría quedó presa en una franja de terreno, pillada en el medio, en menos de un tercio de la diminuta isla.. Vieques quedó sumida en un estancamiento económico y social. A la larga, la Marina impidió su desarrollo socio-económico, en crisis por la caída de la agroindustria de la caña de azúcar, su base económica durante las primeras cuatro décadas del siglo.

En 1958 la situación socio-sicológica isleña empeoró cuando la Infantería de Marina estableció el Campamento García. El choque social entre la comunidad sitiada y la soldadesca en busca de diversión no se hizo esperar. Un año más tarde se publica una novela que historia esta realidad social y humana. El correo federal era el principal centro de reunión para los isleños a recoger su correspondencia. No tenían buzones en sus nuevas casas, de las cuales carecían de título de propiedad. Allí, a la espera fútil de una carta de un oficial estadounidense blanco, empleado de una agencia de bienestar social federal que la embarazó, una viequense negra decidió llamar a su hijo Usmaíl -o sea el servicio postal de Estados Unidos-, el título de la obra clásica de Pedro Juan Soto.

En 1961 -en plena calentura de la Guerra Fría por la Revolución Cubana-, el gobernador Luis Muñoz Marín detuvo otro intento de desalojo total de Culebra y Vieques del Departamento de la Defensa. En una carta al presidente John F. Kennedy -demostrativa de su conocimiento de la política burocrática metropolitana- Muñoz Marín explicó su rechazo -incluyendo razones tal vez proféticas hoy día- pero que no cambiaron el statu quo:

Pero las consideraciones económicas no son las determinantes en esta situación. Muchos -quizás la mayoría- del pueblo de Vieques no cambiará voluntariamente el valor de su casa y de su familia y sus raíces comunales por beneficios económicos... Y por supuesto, el pueblo de Puerto Rico no lo haría y no podría ser inducido al desalojo de 8,000 personas por consideraciones financieras.6

La bendición de Culebra fue la maldición de Vieques. Se ampliaron las prácticas militares en las tierras, costas, playas, aguas cercanas y aire. Éstas eran cada vez más frecuentes, impactantes y peligrosas por el desarrollo tecnológico y químico del armamento. A la misma vez, la Marina limitó los días y las aguas disponibles para la pesca. A corto plazo, la intensificación de las maniobras militares aniquilaba la pesca, el sustento principal de muchas familias de una economía moribunda. La Marina sitió a los viequenses por tierra y ahora los asediaba por mar.

En 1978 surgió la primera oposición organizada -con la Cruzada Pro Rescate de Vieques- de los pescadores. Empezaron a entorpecer las maniobras marinas, inclusive las de la OTAN. La antropóloga Katherine T. McCaffrey la describe así: "La lucha entre Goliat y David, en la cual botes pequeños de pesca confrontaban las masivas naves de combate, fue dirigida por pescadores que expresaban orgullo de su ciudadanía estadounidense y su apoyo a los militares - en otro sitio".8 Mientras, en unión a otro sector de la comunidad, los estadounidenses retirados y vacacionistas con sus casas de veraneo, se convirtieron en aliados activos de la Marina.

La lucha de la Cruzada Pro Rescate de Vieques no se limitó al mar. También encausaron a la Marina en el tribunal federal en Puerto Rico. Como era de esperarse, este foro fue inadecuado ante la alegación de la Marina que sus actividades eran esenciales para "la seguridad nacional". Pero lograron dos victorias parciales. Una fue la reducción significativa de la actividad militar del Campamento García en 1978. La otra fue que el fallo judicial ordenó a la Marina presentar una declaración de impacto ambiental. En ese momento, el gobierno de Carlos Romero Barceló, del Partido Nuevo Progresista (PNP), demandó a la Marina con alegatos ecológicos y ambientales. El arreglo final fue el retiro de la demanda en 1983, tras un acuerdo con el gobierno por el cual la Marina implantaría medidas de conservación ambiental y promovería el desarrollo económico. El acuerdo pesaba tanto como el papel en que estaba escrito pues nunca se llevó al tribunal para su ratificación.

El arreglo desactivó la oposición a la Marina, y al final de la década era letra muerta.9 La comunidad de Vieques vio como las promesas se hicieron sal y agua, lo cual es un precedente clave para entender su escepticismo ante los arreglos del gobierno de Puerto Rico. Sin embargo, lo trascendental del proceso fue que la lucha de la Isla Nena cruzó las siete millas de distancia y se imbricó en el debate social y político nacional. La desesperación viequense caló en varios sectores -como la clase política de izquierda, los sindicatos y en dos nuevos actores, las iglesias y la diáspora en Estados Unidos, cuya solidaridad es vital en el momento actual.

El conflicto entre la Marina y parte de la comunidad se mantuvo a fuego bajo hasta que resurgió en 1989 cuando se desalojó a un ex-veterano de unas tierras de jurisdicción dudosa. Entonces la naturaleza intervino a favor de la Marina. El huracán Hugo devastó la isla. La reconstrucción fue lenta, y los ejercicios militares siguieron a todo vapor.
El resurgir de la lucha de David

La Marina goliatiana mantuvo bajo su bota al David colonial hasta el 21 de abril de 1999, dos días después de la muerte de Sanes. Ese día miembros de la Cruzada Pro Rescate de Vieques, familiares de Sanes, pescadores y otros viajaron en lancha a la zona de tiro para colocar una cruz en recordación a David Sanes y en protesta contra la presencia militar. Este acto comenzó la ocupación de protesta del área que ahora se llama el Monte David y el protagonismo de una mayoría de comunidad viequense en la lucha para sacar la Marina de su isla.
También, todos los partidos políticos, la sociedad civil y los movimientos religiosos -en fin, el pueblo puertorriqueño al unísono- condenaron y se ensañaron contra la Marina.0 Una característica fundamental de ese respaldo fue -y sigue siendo- lo heterogéneo de su composición. Para colmo, la Marina atizó el fuego: culpó a Sanes de abandonar el puesto de observación para fumar cuando éste no era un fumador. Tampoco impuso sanción al piloto aún anónimo, y no comentó sobre los otros cuatro civiles heridos en el incidente. El caso quedó cerrado para la Marina, pero no para el pueblo puertorriqueño.

El 8 de mayo, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) estableció el segundo campamento de desobediencia civil en las tierras de ejercicios militares. Le siguieron por lo menos otros 13 -de grupos religiosos, cívicos, sindicales y políticos. Sorprendentemente, las iglesias de todo tipo de denominación -conservadoras y progresistas, inclusive la católica- formaron un frente común. Figuras públicas, artísticas y deportivas expresaron su apoyo ante sus auditorios dentro y fuera de isla, en los actos y los medios de comunicación masivos.

El efecto a corto plazo y la medida más significativa fue el nombramiento de la Comisión Especial sobre Vieques el 11 de mayo por el gobernador del PNP, Pedro Rosselló. Esta comisión, compuesta por representantes de los partidos políticos, las iglesias, la comunidad viequense y la cívica, fue presidida por la secretaria de Estado, Norma Burgos. En junio, la comisión rindió un informe unánime con varias recomendaciones, entre ellas, el cese inmediato de las actividades militares, la devolución de las tierras y su descontaminación, y un estudio epidemiológico sobre la incidencia del cáncer. Este informe fue la afirmación de la legitimidad del reclamo del gobierno de Puerto Rico ante la administración del presidente William Clinton. Al principio Rosselló lo aceptó como la posición de Puerto Rico y lo utilizó como su "caballo de batalla". La Marina mantuvo su misma actitud intransigente: la isla de Vieques es única para la preparación militar (readiness) de la Flota Atlántica. No era la primera vez que objetaba una posición contraria a sus propósitos. En 1981 ignoró la recomendación del Comité de las Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes -el poder legislativo civil- de encontrar un sitio alterno. La comisión no quedó convencida de la indispensabilidad de Vieques para la Marina.1

Por su naturaleza colonial, dentro de su objetivo de lograr la estadidad, la administración Rosselló no sostuvo la posición. Esta virazón era predecible por la debilidad de la administración Clinton frente a la presión del Departamento de la Defensa durante sus dos términos presidenciales. En julio de 1999, el Gobernador disolvió la comisión del consenso y nombró un grupo de trabajo para negociar -a espaldas de los sectores participantes anteriormente- con funcionarios de la Presidencia y del Departamento de la Defensa.

Durante el 2000, la sociedad civil, el movimiento religioso y la clase política no se amilanaron. Las investigaciones y declaraciones de la Marina se criticaron por la falta de rigurosidad e información, los mapas incompletos e inexactos y la información falsa y tergiversada.2 Un marino puertorriqueño escribió en una revista oficial que "nadie se ha quejado de la falta de un adiestramiento efectivo" en la Flota del Pacífico, donde carecen de un Vieques.3

Hoy día, el Departamento de la Defensa es la agencia más poderosa dentro del gobierno federal, una consecuencia paulatina de la implementación de la Ley Goldwater-Nichols de 1986. Esta legislación comenzó el fin de la era de cuatro ramas cuasi-independientes -el Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Infantería de Marina- con poca coordinación entre sí. La promoción de acciones conjuntas entre ellas ha fortalecido el "complejo militar-industrial" y congresional, la frase usada por ex-general y presidente Dwight D. Einsehower en su discurso de despedida en 1961 al advertir sobre su creciente influencia..4

Las directrices presidenciales

Después de meses de negociación, en enero de 2000, el presidente Clinton promulgó unas directrices -aceptadas por la administración Rosselló- que permitían la reanudación de las prácticas militares en las tierras y aguas circundantes, pero con algunas limitaciones. Es notable que las directrices tenían dos elementos nuevos en la disputa. En primer lugar, la celebración de un referéndum en Vieques, con fecha a dictaminarse por la Marina, para determinar la continuación de la reanudación de las actividades militares por un período fijo o permanente con balas inertes o vivas y el traspaso de las tierras al gobierno insular. Segundo, la asignación de $40 millones a la Marina para invertir en Vieques y $50 millones adicionales si ganaba la opción de balas vivas.

El significado de estos elementos es enorme para el sistema democrático estadounidense. La intervención de la Marina -una rama militar- en un proceso civil electoral sobre la presencia de una facilidad militar no tiene precedente en Estados Unidos. Sin embargo, este papel de la Marina ha sido frecuente en sus intervenciones militares en varios países caribeños en el siglo XX-la última posiblemente en la República Dominicana a raíz de su intervención del 1965. Por otro lado, la asignación de millones de dólares para mitigar las desgracias humanas y ecológicas e implementar programas para generar el empleo de los isleños equivale al pago de reparaciones por daños causados. Otra vez el control radica en la rama militar. Su uso inmediato ha sido darle empleos a los viequenses, en un burdo intento de compra de votos a una comunidad desesperada, dividida y disgregada por medio siglo del ataque incesante de la Marina.

Esta vulnerabilidad de la comunidad viequense es un factor que favorece a la Marina. El compromiso del referéndum fue de la administración Clinton y lo más probable es que la Marina no quiera llevar a cabo el mismo. De darse el referéndum, es de esperarse que sea cuando las condiciones sean propicias a esta rama militar. A mediados de 2000, una consulta realizada en Vieques por la Diocésis de Caguas arrojaba el resultado que 88.5% de la muestra consultada apoyaba el desalojo inmediato de las tierras viequenses y la iniciación de un proceso de limpieza.5
A la misma vez, el gobierno federal llevó a cabo una ofensiva en la Isla Nena pero fracasó. Bajo la política de desobediencia civil de los sectores opuestos a la Marina, se efectuó el desalojo pacífico de los campamentos -la mayoría de grupos de la Isla Grande-, la encarcelación temporera de muchos en la prisión federal, y la reanudación de las prácticas militares de mar y tierra. Cientos de casos de desobedientes civiles se han tramitado en el foro federal.

Las comunidades marginadas: los indígenas y los hawaianos

En la historia del imperialismo colonial -interno y externo- de Estados Unidos existen varios precedentes no exactamente similares a la cuestión de Vieques que debemos considerar. Dos de ellos -las comunidades indígenas y los hawaianos- no son una población numerosa. Ambas comunidades han logrado magras victorias en sus luchas con los poderes federales y estatales, cuyas decisiones muchas veces, confligen entre sí, o si no, se topan con el freno congresional. Aún los afro-americanos no han tenido éxito en sus reclamos basados en la esclavitud y no conocemos de ningún movimiento de este tipo entre los chicanos. Ambas minorías -las más numerosas en Estados Unidos- han luchado por muchos años y logrado su participación y cierto poder dentro del sistema político tradicional, como resultado de una cruenta y sangrienta historia.

Las comunidades indígenas y los hawaianos tienen como una de sus mayores exigencias -por su legado ancestral, su identidad o su lenguaje- el reconocimiento del status de una nación-dentro-de-una nación (a nation-within-a-nation), fundamentado en un pasado de discriminación, opresión y cuasi-genocidio. La restitución de sus tierras es su petición principal. En Hawaii -donde existe una movimiento soberanista de cierta envergadura- la finalización de las operaciones militares (o sea el cese de bombardeos) en Kaho'olawe y su restitución al estado fue una victoria importante, aunque su lenta descontaminación impide su uso.6 Claro, las diferencias entre las minorías indígenas y hawaianas con Puerto Rico son muchas. La más evidente es que la minoría indígena es dispersa y pequeña y la segunda es una minoría en un archipiélago con una mayoría multicultural, y con logros importantes en su lucha.

El principal resultado de estas controversias fue el reconocimiento por parte del gobierno federal de su papel de victimarios y de las minorías como víctimas. Este importante paso ha acontecido en la cuestión de Vieques: el Departamento de la Defensa realiza el rol de victimario (aunque se califican a sí mismos como "malos vecinos") y reconoce a los viequenses como víctimas al ofrecer millones de dólares como una especie de reparación y una participación condicionada en la decisión de su futuro. Esta admisión de responsabilidad y culpa de la Marina es el resultado de la creación de la fuerza política creada por las víctimas sustentadas por el reclamo de su puertorriqueñidad. Su fortalecimiento -principalmente en Vieques- es vital para corregir la injusticia histórica sufrida por Puerto Rico. Su impacto puede ir más allá del conflicto per se: "La interacción entre el victimario y la víctima es una nueva forma de negociación política que permite rescribir la memoria y la identidad histórica en maneras que ambos puedan compartir".7 Es decir, puede comenzar un diálogo sobre la relación entre ambas partes en un momento adecuado, o sea entre Puerto Rico y Estados Unidos, la colonia y la metrópoli.

La puertorriqueñidad y la ciudadanía estadounidense

En 1990, Puerto Rico y sus islas circundantes tenían una población compacta de 3.5 millones de habitantes, con un 91.5% nacido en el país y una densidad de 1,059 personas por milla cuadrada. Le seguían en número los oriundos de Estados Unidos de ascendencia puertorriqueña, los dominicanos, cubanos y centroamericanos, en ese orden. Los nacidos en Estados Unidos sumaban 21,717 personas, una baja de 7.7% del censo del 1980.8

Además, la población puertorriqueña en Estados Unidos -sin cualificar su estado de residencia- asciende a 2.5 millones de personas en 1990, un 9.6% de la latina, de la cual la mayoría, 65.2%, es de origen mejicano. Traemos a colación la diáspora nacida en la isla o de origen puertorriqueño porque su apoyo a la causa viequense ha sido masivo. Entre ellos se destacan los congresistas Nydia Velázquez (Nueva York), José Serrano (Nueva York) y Luis Gutiérrez (Illinois). En cada estado donde hay puertorriqueños se han creado grupos de apoyo. Esta población define su identidad nacional como puertorriqueña, aunque su naturaleza es necesariamente diferente en la isla y en la diáspora.

La puertorriqueñidad es una construcción socio-cultural, no jurídica. No tiene la aspiración política de establecer un estado independiente. En un importante estudio Arlene Dávila dice:

A pesar de su falta de soberanía política, casi todos los puertorriqueños se consideran a sí mismos como una unidad nacional distinta territorialmente, la nación se define por sus distintivos culturales, no empece su dependencia económica y política de Estados Unidos.9

La ciudadanía estadounidense -impuesta a los puertorriqueños desde el 1917- es el otro elemento a considerar. La percepción sobre ella es positiva, aunque es de segunda clase pues los puertorriqueños no tienen todos los derechos de aquellos en tierra firme. La enorme mayoría de los puertorriqueños no tiene ningún conflicto entre su ciudadanía estadounidense y su puertorriqueñidad. Aún el PIP -que se salvó de la extinción por su rol en el conflicto de Vieques- plantea la retención para que aquellos que deseen mantenerla.

El apoyo a Vieques es la unión de la construcción socio-cultural de la puertorriqueñidad y la realidad jurídica-constitucional de la ciudadanía estadounidense en Puerto Rico y su diáspora. Ambos son el denominador común al reclamo de los derechos humanos de la comunidad viequense. Su fusión transforma el conflicto en uno socio-político: el reclamo de la salida de la Marina de la isla puertorriqueña de Vieques. Vieques plantea el problema de que existe la posibilidad de una ciudadanía no colonial, o el dilema entre ciudadanos o súbditos imperiales.

La elección de la gobernadora Calderón, del PPD, en los comicios generales de 2000 fue un cuestionamiento a las decisiones presidenciales, acatadas por la administración Rosselló. Como un compromiso de campaña, Calderón ha sido firme en rechazar -pero sin violar- las directrices presidenciales y respaldar el cese inmediato de las actividades militares.

Con la admisión de esta realidad, a horas del final de su mandato, el 19 de enero de 2001, el presidente Clinton solicitó una recomendación al Secretario de Defensa de una alternativa a largo plazo para los ejercicios con bala viva no más tarde del 6 de noviembre de ese año. La administración entrante del presidente Bush, Jr. -cautelosa hasta ahora- aceptó las directrices de Clinton.. El nuevo secretario de la Defensa, Donald Rumsfeld, acogió una solicitud de la gobernadora Calderón de posponer unos ejercicios navales pautados para marzo hasta que se llevaran a cabo unos estudios médicos. Pero en una comunicación oficial, Rumsfeld le informó a Calderón que la preparación militar de las Fuerzas Armadas mantenía la prioridad y no estaba condicionada a los resultados de los estudios de salud, los cuales se llevarían a cabo con $1.6 millones de fondos de la Marina.0

Así pues, el gobierno de Puerto Rico ha adoptado la estrategia de enfocar el impacto de las operaciones militares en la salud de los viequenses. Según varios indicadores -la tasa de mortalidad infantil, la incidencia del cáncer y de la vibro acústica cardiovascular- son mayores en Vieques que en la Isla Grande. Es obvio que el armamento y las municiones (incluso uranio reducido y napalm) utilizadas por medio siglo de ejercicios militares son los causantes de estas enfermedades y otras. Las estadísticas demuestran que el riesgo de cáncer comenzó a aumentar a partir de la década de los años 70 -al detenerse las prácticas en Culebra. A finales de los 80 supera a la de Puerto Rico, indicando una relación directa entre la actividad militar y el cáncer, una enfermedad crónica cuyo período de latencia es de 20-30 años.

La posición del PPD, el actual partido en el poder, ha creado cierta extrañeza. Desde su fundación, este partido se ha caracterizado por evitar conflictos directos con el gobierno federal, y transar de manera que se pierdan los menos poderes posibles -que son pocos- dentro de la esfera nacional. La confrontación abierta nunca ha sido su estrategia en sus relaciones con el gobierno federal. Esta posición política de la defensa de la puertorriqueñidad le permitió obtener los votos de grupos religiosos, ecologistas e independentistas necesarios para la victoria en su campaña contra la corrupción desmedida y la capitulación forzada en la cuestión de Vieques del gobierno del PNP.

En este sentido, el hacer énfasis sobre el tema de la salud -dejando en manos del gobierno federal los estudios correspondientes, con una participación débil del Departamento de Salud de Puerto Rico- puede ser la continuación de la política de acatamiento del PPD. Hasta ahora sus medidas directas de apoyo a Vieques han sido pusilánimes. Cabe preguntarse por qué favorecer esa vía y no propulsar con la misma insistencia el referéndum, la violación de los derechos humanos, y la peligrosidad de la continuación de los ejercicios militares, en términos de salud y políticos ante la caldeada situación en Vieques.

Ambas posiciones pueden ser contradictorias. El tiempo requerido para los estudios de salud sobrepasa el 7 de noviembre, la fecha mencionada por el ex-secretario de la Marina, Richard Danzig, para la realización del referéndum. La gobernadora Calderón expresó, el pasado 15 de marzo, su confianza en la forma "objetiva" en los estudios de salud de las agencias federales. Un día antes, el arzobispo de San Juan, monseñor Roberto González se reunió con el principal asesor político del presidente Bush, Jr. para solicitar el adelanto de la fecha del referéndum y la inclusión de la opción de cero bombardeo inmediato. De importancia fue que durante febreroy marzo, cientos de "cabilderos del pueblo" -en una campaña coordinada por la organización Todo Puerto Rico con Vieques y en la cual estaban represenadas 200 comunidades puertorriqueñas de la diáspora- visitaron a prácticamente a mas de la mitad de los congresistas estadounidenses para informarles la realidad de la cuestión de Vieques.1

En general, el gobierno de Puerto Rico y los grupos de la sociedad civil no coordinan sus acciones frente al gobierno federal o en otras instancias. La experiencia de la administración Rosselló demuestra que el gobierno de Puerto Rico es más vulnerable a las presiones federales al excluir a la sociedad civil -de la Isla Nena y de la Isla Grande- del proceso de negociación. La gobernadora Calderón ha seguido esta misma política. Por ende, los sectores de la sociedad civil -caracterizada por su heterogeneidad- no están comprometidos con ningún arreglo unilateral con el gobierno federal, por lo cual están en libertad de aceptarlo o rechazarlo. El consenso radica en el objetivo de la salida de la Marina de Vieques, pero no en el proceso de lograr esa meta.

Del otro lado, no dudamos que la Marina -con otras agencias federales y de los comités congresionales de las ramas militares- están llevando a cabo una política de mayor coherencia para quebrar el frágil frente unido gubernamental-sociedad civil en Puerto Rico. Su mayor campo de acción debe ser en Vieques, con la siembra del divisionismo, la compra de votos y cualquier otra medida consecuente con mantenerse en la isla. Cualquier actividad militar en Vieques de cierta magnitud previo al referéndum será vista como una provocación por algunos sectores. La posibilidad de violencia es enorme y le ofrece una salida al compromiso del referéndum, cuyo resultado de ser desfavorable a la Marina, es final.2 La Marina -tras cumplir con el tiempo establecido y las limitaciones en sus actividades militares- tendrá que dejar libre a Vieques. Una votación en contra de la Marina es una victoria, cuya celebración es a tres años plazo. Y no es el triunfo de las ralas y divididas fuerzas anti-estadounidenses, sino del poder civil-democrático y la puertorriqueñidad, por medio del voto de la comunidad viequense.3

La cuestión de Vieques tiene repercusiones mayores en el propio suelo estadounidense y en el ámbito mundial. Ya a finales del 1999 un oficial de alto rango, el comandante de la Infantería de Marina, general James L. Jones, indicó que "el estado de deterioro" en Vieques pudiera provocar "una reacción que se extienda (ripple effect) no solo en casa, sino en el exterior".4 Unos cuantos casos cubiertos en la prensa desde principios de año demuestran la realidad.. Entre ellos, están los reclamos contra el aumento de bombardeos en la Estación Aérea Naval Lemoore en Big Sur en California, la oposición de la comunidad a radares en Cape Cod, la contaminación ambiental en Panamá, y los ataques sexuales de militares estadounidenses a mujeres en Okinawa.5

El Departamento de la Defensa recalca ante el Congreso su preocupación de lo que califica de "invasión" (encroachment), o sea el intento de las comunidades civiles estadounidenses y foráneas de protegerse del impacto de las actividades militares en su vida y ambiente.6 La sociedad civil es el enemigo invasor de su territorio, que incluye la superficie de Estados Unidos y los lugares en otros países donde conducen prácticas militares. Esta percepción explica, en parte, la insensibilidad y la intransigencia del Pentágono ante el efecto devastador de sus maniobras en Vieques. Allí se le declaró la guerra al alegado invasor civil hace medio siglo y ahora se pretende dar una lección de disuasión (deterrence) a los intrusos contemporáneos. Otra prueba evidente de la desproporción actual de su poder dentro del gobierno y la sociedad estadounidense.

Por otro lado, si la seguridad nacional de Estados Unidos pende -increíblemente- de Vieques, tal vez tiene razón el historiador Lars Schoultz al afirmar que no importa si predomina el interés doméstico, económico o estratégico, en Estados Unidos hay "una creencia impregnada de que los latinoamericanos constituyen una rama inferior de la especie humana".7 Un almirante llegó a decir que los ejercicios no se podían trasladar a la costa este de Estados Unidos por que allí vivía gente.

Cambio en el valor estratégico de Puerto Rico

Aunque Puerto Rico se transfirió de la jurisdicción del Departamento de la Guerra al Departamento del Interior en 1934, siempre se ha reconocido que la Marina es la voz predominante con respecto a la isla. La conquista tuvo como raíz el factor estratégico, y siempre se ha mantenido como el de mayor peso. Esto no implica que la conexión colonial económica-financiera no haya sido importante ni lucrativa para sectores del capital estadounidense y puertorriqueño. Al refinado del azúcar crudo en la primera mitad del siglo XX, le siguió la manufactura, el turismo, las refinerías del petróleo, la producción farmacéutica, electrónica y científica, y otras actividades de servicio -todas protegidas con incentivos contributivos federales y locales.

Una de las razones de la crisis económica que se vislumbra en la isla resulta de la eliminación de los incentivos a las corporaciones cubiertas por la sección 936 del código de rentas internas federales. En los años 80 y 90, las ventajas del mercado común entre Estados y Puerto Rico (desde el 1900) se erosionan con su extensión gradual a otros países caribeños y latinoamericanos por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica.
En esta coyuntura internacional, la importancia estratégica de Puerto Rico para Estados Unidos cambió al salir de Panamá el Comando Sur. Hoy día se presenta que las amenazas militares principales a Estados Unidos -como se demuestra en el debate actual sobre la creación de un sistema de defensa de mísiles- son aéreas. De ser parte del Comando del Atlántico -ahora llamado el Comando de Actividades Conjuntas-, el rol principal de Puerto Rico es intra-hemisférico, dentro de la estructura del Comando Sur, oficialmente desde el 1987. Ya se establecieron en la isla componentes vitales de este comando unificado -en estos momentos para la lucha contra las amenazas principales no militares -el narcotráfico, la inmigración ilegal y el terrorismo- y para los adiestramientos dirigidos a la interoperabilidad de las fuerzas de seguridad caribeñas y latinoamericanas.

Los ejercicios militares en Vieques ponen en contacto al Comando Sur con los otros comandos unificados, pero principalmente con el Comando de Acciones Conjuntas. Se conducen en la jurisdicción del Comando Sur -y en Vieques en específico- prácticas militares de otros comandos. De no lograr el cese de estas actividades militares en la Isla Nena, la situación tiene visos de empeorar. Las Fuerzas de Operaciones Especiales radicadas en Roosevelt Roads extenderían sus adiestramientos allí, en conjunto con las fuerzas de seguridad del hemisferio y de la OTAN. Una sorpresa para todos en Puerto Rico fue la información difundida por el senador Keneth McClintock, del PNP, que la Marina cobra unos $80 millones anuales por el arrendamiento a gobiernos extranjeros de la zona de operaciones centrada en Vieques. 8

Los derechos humanos, la seguridad cooperativa y la restitución

Los estudios de derechos humanos incluyen usualmente tres categorías (a) las torturas y crímenes contra la persona, (a) sus derechos políticos y civiles (la libertad de expresión y de reunión) y (c) sus derechos sociales y económicos (vivienda, cuidado de salud, educación). Estados Unidos mantiene una postura paradójica en la cuestión de los derechos humanos.9 Ha rehusado firmar los acuerdos más importantes -o de haberlo hecho- ponerlos en vigencia en el país.

Sin embargo -no es necesario dar ejemplos- clama a todas voces e interviene con frecuencia activamente en su implementación en otros países, a la vez que se proclama como la nación modelo del mundo. En estos momentos la credibilidad del gobierno federal de llevar a cabo estudios imparciales sobre la salud en Vieques es nula. El poder del Departamento de la Defensa -en una administración pro-militarista , con poderosos aliados congresionales, y la probable política de manos afuera de la rama judicial- es formidable. Difícilmente una agencia federal encontrará que la contaminación ambiental e insalubre de medio siglo de bombardeo en tierra, en mar y en aire sean lo suficientemente dañinos a la salud de los habitantes y a la ecología de Vieques para el cese de las actividades militares. La alegada premisa de la preparación militar siempre opacará los reclamos de una comunidad de isleños, ciudadanos de segunda clase, diezmada y enferma por el impacto de la Marina en sus vidas.

El fenómeno del aumento del poder y la presencia militar en el interior de Estados Unidos -ya de por sí alarmante en la ultima década- alcanza niveles más altos en la administración del presidente Bush, Jr. por el protagonismo del ex-secretario de Defensa Richard Cheney, y ex-jefe del Estado Mayor Conjunto y actual secretario de Estado, Colin Powell. Pocos se han dado por enterados del aumento de poder del Departamento de la Defensa en el nuevo plan de "defensa de la patria" (homeland defense)-o sea, una expansión de la injerencia militar en la esfera civil en el interior de Estados Unidos.

Dentro de este esquema es que la conexión colonial entre Estados Unidos y Puerto Rico permite que una rama militar tenga injerencia en un proceso electoral civil-democrático, como lo es el referéndum, e imponer dos alternativas que mantiene a Vieques en la línea de fuego. Mientras tanto, el gobierno colonial de Puerto Rico -sustentado por el pueblo puertorriqueño- clama por la inclusión de una tercera -el cese inmediato y permanente-lo que lo acercaría a ser verdaderamente democrático.

En esta era de la pos-Guerra Fría, el Comando Sur promueve a todas voces en América Latina y el Caribe el predominio del orden civil-democrático por medio de la seguridad cooperativa. Aquí tiene la coyuntura oportuna para poner en vigor esta novel forma de reciprocidad con el nombramiento de una comisión de actores neutrales -intra o extrahemisféricos, gubernamentales o no gubernamentales- para solucionar la cuestión de Vieques. Así Estados Unidos no se une a los países que rehúsan toda supervisión hemisférica e internacional. El asunto es uno de "los problemas del Caribe cuya vastedad y complejidad son tan complicados que un solo país (incluyendo los Estados Unidos) no puede enfrentar solo".0

La lucha de Vieques ha logrado solidaridad hemisférica, del estrecho de Magallanes hasta el de Bering, incluyendo a Estados Unidos mismo. Veamos dos ejemplos de solidaridad latinoamericana-caribeña, uno del orden moral y otro del estatal. En el orden moral llueven los ejemplos, pero uno de los mas destacados fue la participación de Oscar Arias, ex-presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz en 1987 en la Caravana de la Paz en Vieques en marzo de este año. Al proferir "su solidaridad y compromiso con la lucha de Vieques", Arias expresó que la milicia tenía que "inventar enemigos" para justificar los gastos incurridos en las maniobras militares .1

La solidaridad en el orden estatal -tan necesaria- ha estado ausente, excepto en el caso de Venezuela. Durante la visita del presidente Hugo Chavez -por cuestiones de diplomacia elemental- se mantuvo fuera del tema de Vieques. Pero a todas luces la no participación de la Marina de su país en ejercicios navales usuales con Estados Unidos es un apoyo tácito a la lucha de Vieques.

De votar Vieques por la salida de la Marina, el gobierno victimario de Estados Unidos tendrá que poner en vigor -con la retención y lentitud acostumbradas- la restitución de las tierras con un proceso de descontaminación, una reparación material por el perjuicio en la calidad de vida y el ambiente, y -por último y no por eso menos importante- una aceptación de la culpa y de la responsabilidad por los daños a la comunidad viequense. Y un voto favorable logrado por artimañas dejará a Vieques como "una llaga supurante"-como dijo el congresista afroamericano Ron Dellums en 1981- que nunca va a sanar, y sería la muerte por una tortura lenta de David por Goliat.

Estados Unidos proclama su sistema político como uno a emular por su flexibilidad constitucional; rígido y a la vez variable frente a las transformaciones económicas y sociales coyunturales. Esta visión se ha cuestionado con dos situaciones recientes. La elección presidencial enseñó al mundo el resultado anti-democrático -además de la parcialidad del Tribunal Supremo- de un proceso caduco que violentó la máxima democrática ganadora de obtener la mayoría más uno. Da que pensar cuales serían las posibilidades de la celebración del referéndum en Vieques y el acatamiento de su resultado.

La otra es la rigidez de su sistema político-constitucional para aceptar un status distinto a los provistos en su constitución e interpretaciones judiciales durante su proceso de expansionismo del siglo XIX y principios del XX. Por ello Estados Unidos es incapaz de construir una relación política aceptable para la mayoría del pueblo puertorriqueño. Queda atrapado por una minoría anexionista, conocedora de esta limitación, para la cual ningún plebiscito es concluyente hasta que gane la estadidad.. Así sus propias reglas trancan su afamada flexibilidad política. Comenzando un nuevo milenio podemos sustituir a Estados Unidos por la rígida España al decir que "no puede dar lo que no tiene", según la frase del patriota caribeño Ramón Emeterio Betances.2 La "Batalla de Vieques" no sólo tiene importantes repercusiones para las relaciones presentes y futuras de Puerto Rico y Estados Unidos ante América Latina y el Caribe, sino también para el futuro de su propio sistema político democrático.

Highland Park, NJ
25 de marzo de 2001.