Defensa de Gazir Sued ante el Tribunal Federal

 

Señor Juez:

               Con todo el respeto que merece como persona, me refiero a usted desde mi actual condición de prisionero de conciencia y le solicito me permita emitir unas palabras en mi defensa:

              

I. Justificación teórica y política

               En el lenguaje de la teoría moderna de la Justicia y del Derecho podría decirse que en el contexto de un régimen constitucional democrático existen modos de protesta ilegal que no violan las metas de una constitución democrática, toda vez que estos modos de protesta están guiados por los principios de justicia consagrados en ella.  Y no sólo no violan sus metas, sino que las representa con la más sincera integridad y las refuerza.  Tal es el caso de los actos de desobediencia civil que han sido llevados a cabo por la paz en Vieques.  Demostrar esto será objetivo central de mi defensa.

               Para tales efectos presentaré un trasfondo concreto y razonable que justificará las acciones por las que estamos siendo juzgados.  Acciones que son de naturaleza civil y que como tales están enmarcadas en los principios políticos constitucionales.  Baso mi defensa, pues, en la premisa de que existe en Puerto Rico un sentido colectivo de la justicia y que, es este el sentido que ha guiado nuestros actos enmarcados en los principios políticos constitucionales. 

               Pienso que la corte federal debería tomar en consideración la naturaleza civil de los actos que están siendo juzgados y por los que hemos sido penados injusta e irrazonablemente.  Sostendré de manera implícita en mi ponencia que nuestros actos constituyen actos de protesta legítima justificada por los principios políticos de nuestra constitución y que sobre estas bases fundamentales sería justo y razonable suspender incondicionalmente cualquier sanción legal.

 

II. Sobre legitimidad y jurisdicción de la corte federal

               Primeramente, para no dar lugar a confusión o duda alguna, quisiera hacer constar mi posición de conciencia ante la corte federal norteamericana en Puerto Rico y el problema de legitimidad que representa al arrogarse jurisdicción sobre mi persona.  Quiero aclarar en primera instancia que no se trata de un problema de orden filosófico ni jurídico exclusivamente, sino de carácter eminentemente político.  Es político, pues se trata de la autoridad moral que tiene el gobierno federal norteamericano para someterme a sus procesos judiciales, para juzgarme y tomar acción sobre mi libertad, decidiendo si encerrarme o castigarme como le parezca, según dispone su propia ley.

                La legitimidad es un valor fundamental para todo estado que presume regirse por el Derecho y, como tal, constituye un requerimiento esencial de toda sociedad que se ha consagrado a los principios democráticos modernos, como lo ha hecho la sociedad de la que soy parte, la sociedad puertorriqueña.  El rango de legalidad, en las sociedades democráticas modernas, está (o debiera estar en principio) supeditado al de legitimidad.  En otras palabras, que si bien la ley es el lugar donde se supone se condensa la voluntad general, y su encargo no es otro sino el de representarla, esta voluntad general (que precede todo contenido y forma de la ley), no podría ser otra cosa que la esencia misma de los valores y principios que constituyen la legitimidad.  Es sólo en este orden que puede presumir la ley de representar la voluntad general y, al hacerlo, alardear de ser condición de posibilidad de la justicia.


               La legitimidad del sistema de derecho actualmente existente depende, pues, de su fidelidad y devoción a los principios democráticos consagrados en las constituciones modernas.  Es decir, depende del activo cumplimiento y celosa protección de los derechos humanos, a saber, el derecho a la vida, a la seguridad, a la felicidad, al bienestar individual y colectivo, al disfrute de la propiedad y a la libertad.  ¿Qué propiedad puede ser más sagrada que la vida misma?  Y la vida, ¿qué valor posible tendría sin la libertad?

 

III. Del carácter injusto y discriminatorio del proceso judicial

               El gobierno federal ha comprendido muy bien para sí el espíritu de estos derechos, pero por más de un siglo se los ha negado a los puertorriqueños.  Es por eso que durante el transcurso de mi defensa mantendré en tela de juicio la legitimidad, o bien, la autoridad moral del sistema que hoy enjuicia mis actos.  Sobre todo, porque no soy quién para negar la historia colonial de mi pueblo y confiar ciegamente en la autoridad federal sería hacerlo.  Y más aún porque  no podría soportar la vergüenza y la complicidad de callar que la corte federal ha sido impuesta por la misma fuerza militar que hoy me acusa a mí y a mis compañeros, mientras se mantiene intacta la condición de subordinación política, económica y jurídica de la nación puertorriqueña por la república imperial norteamericana.  Nadie puede negar que hace poco más de cien años las fuerzas de la armada norteamericana ocuparon militarmente esta tierra, como tampoco podría nadie ocultar que su marina de guerra raptó a la isla-municipio de Vieques y la ha maltratado terriblemente por más de seis décadas.

               Es por esta razón que mantengo en tela de juicio la voluntad que mueve a la marina de guerra a encausarnos y la intención política de la corte federal al juzgarnos.  ¿Qué legitimidad moral podrían tener ambos cuerpos de la misma entidad para enjuiciarnos si la legalidad de su autoridad ha sido impuesta, no por virtud de su justeza, sino por la cruda violencia de su fuerza militar?  Es precisamente contra toda razón de ley impuesta por la fuerza de la violencia militar que se han levantado los principios de derecho democráticos. Es sobre estos principios que amparo plenamente mi defensa, que son la razón que me lleva a actuar según los dictados de mi conciencia. 

               Ante este escenario cabe una duda enorme.  Si seré acaso juzgado como puertorriqueño o como ciudadano americano.  De ser la primera no hay jurisdicción posible del tribunal federal sobre mi persona.  De ser la respuesta la segunda opción, me vería en la misma necesidad urgente de denunciar el carácter injusto y discriminatorio de este proceso judicial, pues, como ciudadano americano, nunca he tenido la oportunidad de llevar mis reclamos de paz para Vieques ante ninguna entidad reconocida por el gobierno federal.  Hace ochenta y tres años nos fue impuesta esta ciudadanía, sí, pero sin los derechos constitucionales reconocidos y protegidos por la misma.  Los puertorriqueños no tenemos representación ante el congreso de los Estados Unidos, por lo que no podemos expresar ante dicho cuerpo nuestros sentimientos y posturas políticas bajo las mismas condiciones que pudiera en derecho hacerlo cualquier ciudadano americano que no sea puertorriqueño.  Ni siquiera podemos elegir, si es que así lo quisiéramos, personas que democráticamente representen nuestro sentir como pueblo.  Estas condiciones hacen del proceso judicial uno injusto y discriminatorio y a su vez, convierte los actos de desobediencia civil en un deber político, en una necesidad vital.

               Tenemos una ciudadanía que nos ha sido impuesta y no tenemos otro derecho ante los procesos judiciales de la corte federal que someternos a los dictados de su propia ley, sin proveer espacio previo alguno donde pudiéramos representarnos como supuestos ciudadanos americanos.  El proceso judicial al que hoy me expongo es característico de un régimen colonial y eso, en sí mismo, convierte el proceso en uno injusto y discriminatorio, contrario a los principios democráticos consagrados en la propia constitución norteamericana e inmoral ante los ojos de la historia y del mundo.

               Quizá estas razones pudieran bastar para pensar que sería tal vez más prudente permanecer callado, pues el proceso judicial al que estoy siendo sometido es, en sí mismo y por virtud de una huella histórica de imborrables ofensas, no sólo una afrenta a la dignidad de mi persona, sino una ofensa más a la dignidad de cualquier puertorriqueño...

               No reconozco la autoriad del tribunal federal para enjuiciarme, ni mucho menos su arrogado derecho a encerrarme.  No reconozco la autoridad del tribunal federal porque no tiene la legitimidad moral para ejercerla.  Pero, a fin de cuentas, poco o nada importa que yo reconozca su autoridad para juzgar mis actos de conciencia y encerrarme por negarme a abdicar a mi conciencia.  El gobierno federal tiene el poder mas no la legitimidad de imponerse sobre mí por la fuerza,  y es sólo en este poder donde reside su autoridad para juzgarme a mí y a toda la gente que hoy defiende el derecho a la vida y a la paz en la isla de Vieques.

              

IV. De la naturaleza y las razones políticas de mi defensa

               Sin embargo, para dar razón a mi defensa a pesar de todo lo antes expuesto, y aún a sabiendas que por más razón que tenga siempre permanezco en una posición de desventaja, daré lugar a la posibilidad de que aunque fuera en ocasiones excepcionales, los principios democráticos de derecho pueden filtrarse y hacerse cabida entre las determinaciones judiciales de la corte federal.  Pensaré, pues, que el haberme mantenido encerrado hasta el día del juicio ha sido más bien un malentendido judicial y no un acto llano de mala fe.  Presumiré entonces, que el trato discriminatorio contra mi persona, como contra todos los que hemos sido enjaulados en la cárcel federal por sumarnos a la causa viequense, se ha tratado de un error judicial, que aunque nos ha ofendido y maltratado nuestra dignidad como seres humanos, puede ser todavía enmendado.

               Sólo asumiendo la posibilidad, que tras el poderío judicial del gobierno norteamericano no existe ninguna voluntad absolutamente perversa y sí seres humanos racionales, capaces de sentirse indignados ante las injusticias y de regir sus decisiones y sus actos por los principios que les dicta no sólo la ley sino sus propias conciencias; sólo pensando ésto, es que justifico tomar acción de palabra en mi defensa.  De lo contrario, de estar convencido de que esta posibilidad se trata sólo de una ilusión utópica o simplemente de una torpe ingenuidad mía, para mi defensa bastaría el sólo hecho de permanecer en sepulcral silencio...

               Pero me defiendo porque es naturaleza humana defenderse de la agresión, porque considero que es mi deber ciudadano dar cuenta abierta por los actos de mi conciencia y porque me reservo la esperanza de que las cosas puedan ser de otra manera.

               Y es que pertenece al dominio de la naturaleza humana resistir por cualquier medio cualquier fuerza que quiera imponerse contra su voluntad, como es sobre todo humano luchar contra cualquiera que trate de quitarle el sagrado derecho a la libertad.  Ese cualquiera podría tratarse de un maleante o de un fiero animal, pero también podría tratarse de la corte federal.

               Fui aprisionado por soldados y encerrado en prisión como castigo sin habérseme celebrado juicio alguno que dictara sentencia condenatoria por alguna culpabilidad.  Todavía es el día que espero la lectura de mis derechos.  Trece días pasaron cuando por vez primera y por tres escasos minutos pude hablar con mi mamá.  Veintiocho días he tenido que aguantar el maltrato carcelario y soportar a los abusivos y malcriados carceleros. Cinco días pasé en solitaria por darme a respetar de sus abusos de poder sin derecho a defenderme ni a denunciarlo.  Tres semanas pasaron antes de tener la primera visita de mis padres.

               Ejerzo ahora mi derecho a defenderme ante la corte federal con todas las reservas de sospecha y desconfianza activadas.  Demasiado ha coqueteado el tribunal federal con la fuerza militar.  Demasiadas han sido sus complicidades...

 

V. En defensa propia: el deber moral de hacerlo

               Me defiendo por voz propia porque estoy convencido de que nadie podría representarme mejor que yo mismo en este asunto pues quien haya vivido estas amargas y crudas experiencias de encierro y maltrato por el gobierno federal, es quien mejor podría hacerlo.  Y si no mejor, de seguro, con toda la legitimidad moral para hacer valer el intento.

               Me defiendo por voz propia porque soy prisionero de conciencia.  Al defenderme de la corte federal me defiendo de la marina de guerra, y al hacerlo, defiendo la causa por la paz del pueblo viequense.  Me defiendo por voz propia, porque sé que sólo quienes han visto con sus propios ojos la vasta destrucción ecológica ocasionada por los bombardeos de la marina, puede dar cuenta precisa de los resortes que activan la conciencia y sus actos, que son sus más puras consecuencias.  Me defiendo por voz propia, porque sólo quien ha visto y escuchado los testimonios del dolor y el sufrimiento de tantos viequenses, puede defenderse con el ímpetu y la determinación que urge el momento.  Me defiendo por voz propia porque he vivido en cuerpo y alma el drama mortal de este pueblo y tengo el deber moral de hacerlo...

 

VI. De la necesidad de la desobediencia civil en Vieques

               ¿Por qué estaba en Vieques?  ¿Por qué arriesgué mi vida para detener los bombardeos?  Son estas interrogantes lo primero que entiendo debe tomar en cuenta quien sea que juzgue mis acciones.         Más de nueve mil seres humanos habitan la isla-municipio de Vieques actualmente, en una escasa tercera parte de su territorio natural.  Desde los años cuarenta la marina de guerra norteamericana ocupa más de dos terceras partes de Vieques, obligando a emigrar a gran parte de su población y a la restante a concentrarse en el reducido espacio del centro de la isla, acorralada entre dos áreas restringidas por la fuerza militar invasora.  Desde entonces la marina de guerra ha estado utilizando la isla de Vieques, en una parte como almacén de armamentos y tóxicos, en la otra como campo de tiro y bombardeo.

               El impacto sobre la sociedad civil ha sido dramático.  La mayoría de la población viequense vive bajo niveles de pobreza mayores aún que en el resto de Puerto Rico.  Y es que la presencia de la marina ha sido un obstáculo enorme a las posibilidades de desarrollo y crecimiento económico de la isla.  Los pescadores viequenses, como todos sabemos, no pueden ejercer sus trabajos durante los periodos de bombardeo.  Como si esto no fuera suficiente,  aún cuando han cesado los bombardeos, a la vida marina le toma mucho tiempo reestablecerse y la pesca se sigue viendo afectada.

               Pero el impacto en la sociedad civil no es sólo económico.  Los viequenses han atravesado  terribles experiencias que han desgarrado sus sentimientos.  La muerte de David Sanes es sólo su más reciente ejemplo.  Y es que el margen de error de los bombardeos se extiende hasta el corazón del pueblo.  Además, el ruido ensordecedor de los motores de los aviones militares, que sobrevuelan a altas horas de la noche, no sólo interrumpe abruptamente el sueño de los residentes sino, al hacerlo, anuncia siempre la posibilidad de muerte.  Lo mismo el ruido de las bombas cayendo y explotando repentinamente, interrumpiendo el curso normal en los salones de clases de las escuelas de Vieques.  Estos son sólo ejemplos de cómo la presencia de la marina y sus bombardeos afectan la paz, la tranquilidad y la educación en Vieques.  A esta realidad innegable se le suma el constante terror de la población, sobre todo de quienes han visto caer bombas tanto en los patios de sus casas como en los de sus vecinos.  La marina de guerra y sus bombardeos afectan la salud mental de los habitantes de la isla nena.  La promesa de reanudar los bombardeos es, bajo cualquier registro de razón, una práctica de hostigamiento psicológico pues se trata de una amenaza constante a la seguridad y hasta a la vida de los residentes viequenses.  El reinicio de los bombardeos es la concreción más cruel e inhumana de esa amenaza.   Las prácticas militares en Vieques son, ante la mirada sensible de cualquier ciudadano, un acto terrorista.

               Consecuencia directa de estas prácticas militares es que la mayor tasa de mortandad infantil la tiene la isla de Vieques.  Consecuencia directa de los bombardeos es que la mayor incidencia de cáncer y de enfermedades relacionadas a problemas respiratorios, está en Vieques.  La contaminación ambiental ocasionada por los bombardeos y la utilización de materiales altamente contaminantes, como el uranio, y los polvos tóxicos esparcidos sobre la población por los vientos y la cercanía de las explosiones, está matando lentamente a los viequenses.   Eso la marina lo sabe y lo ha confirmado, así como también se ha desentendido de sus mortales efectos  y eso la convierte en genocida.

               A las terribles consecuencias sociales se suma, para empeorar el diario vivir y el incierto porvenir de los viequenses, la devastación ecológica de las zonas bombardeadas.  La destrucción de los recursos naturales, la contaminación de las casi inexistentes reservas de agua, la matanza de animales pertenecientes a especies en peligro de extinción, son sólo algunos ejemplos.  La marina de guerra, por si fuera poco, maltrata, contamina y destruye el medio ambiente, la naturaleza, la fauna y la vegetación de la isla de Vieques...

               Los principios de derecho constitucional y los principios de derechos humanos, están siendo violados cada vez que se bombardea la isla de Vieques.  Las evidencias son ya incontables.  Los hechos hablan por sí mismos.  Además, cuando el sufrimiento de la gente es tan evidente y ha sido exhibido con tanta crudeza durante tanto tiempo, ¿qué otra evidencia podría estar ausente?  ¿Qué hecho podría ser más contundente?  Yo y miles de otros, hemos exigido a la marina que cese en definitiva los mortales bombardeos, que devuelva las tierras raptadas y ocupadas, que se vaya y que deje a los viequenses vivir en paz.

               Por más de un año detuvimos los bombardeos, rehabitando las tierras ocupadas y maltratadas por la marina de guerra.  En Vieques, por espacio de un año, mantuvimos viva la esperanza de vivir en paz hasta que en mayo de este mismo año fuimos desalojados por militares y federales.  La marina reinició los bombardeos y nosotros, ciudadanos puertorriqueños, cumpliendo los dictados de nuestras conciencias, nos dimos a la tarea de llegar al área de tiro, para convertirnos en escudos humanos y, con nuestros cuerpos a su merced, detener los bombardeos.  Nosotros, cumpliendo nuestro sagrado deber con la vida, como más pudimos, lo intentamos, pero caímos prisioneros en el intento y hasta el día de hoy hemos permanecido encerrados en la prisión federal.  Curiosa manera esta que tiene un tribunal de hacer justicia, encerrándonos a nosotros y defendiendo al criminal, que es la marina de guerra norteamericana.

               La marina de guerra ha violado las leyes sagradas de la humanidad, consagradas en los principios de derecho en nuestra constitución y en la propia constitución de los Estados Unidos de América.   Vergüenza debiera tener quien quiera que dé la cara por la marina...

 

VII. En el espíritu constitucional democrático: petición de justicia al juez

               Señor Juez, que todo lo antes expresado baste para mi defensa, pues no existe ley creada por hombre alguno que pueda valer más que el derecho sagrado a la vida, ni deber más humano que cuando una fuerza mortal la amenaza o la hostiga, salirle al paso en su inmediata e incondicional defensa.  Es esto lo que dictan los principios que rigen mi conciencia, y es esta la razón principal por la que he consagrado mi existencia a esta justa causa hoy librada en la lucha por la paz en Vieques.

               Señor Juez, por virtud de la autoridad natural que tengo como ser humano, le pido que libere inmediata e incondicionalmente a todos los prisioneros y prisioneras de conciencia que ya han sido encarcelados por defender el derecho a la vida y a la paz en Vieques.  Y con el mismo espíritu que anima mi defensa, le pido que interceda por la liberación inmediata e incondicional del ambientalista puertorriqueño Alberto de Jesús, quien ha arriesgado su propia vida y su libertad por los derechos ambientales de la isla de Vieques y que ha sido injustamente castigado por el sólo acto de convertir en hechos concretos ese amor tan profundo que siente por la comunidad viequense.

               Señor Juez, mientras escribía las últimas líneas de mi defensa escuché desde mi celda rumores de que la marina está alambrando con navajas de serpentina toda la verja que restringe de norte a sur el perímetro militar.  Hoy sabemos con certeza que se disponen a reiniciar los bombardeos.

               Señor Juez, le pido que se inhiba de juzgar a los compañeros y compañeras que vendrán, porque hoy fuimos poco más de cien, pero mañana de seguro seremos cientos.  El principio que defendemos es que la vida de un solo ser humano vale más que todas las propiedades juntas del imperio militar más rico y poderoso del mundo.  Que más que el derecho de propiedad de la marina de guerra, vale el derecho a la vida de un solo pescador viequense, de cualquier niña o de cualquier envejeciente.  Es este el principio de conciencia que he defendido al defenderme, es el mismo principio por el que me han encerrado y por el que muy posiblemente seré sentenciado.

               Señor Juez, sepa que todo lo que he dicho, que todo lo que he escrito, es la firma de un compromiso irrenunciable con la vida; que todo lo que he dicho, que todo lo que he escrito, es una promesa de que seguiré haciéndolo, y por la que estoy dispuesto a cualquier sacrificio.  En sus manos queda la suerte inmediata de mi libertad y la de muchos compañeros.

               Señor Juez, ésta ha sido mi defensa.  Lo demás, que en su conciencia quede...

 

               Entre el siete de julio y el 4 de agosto de 2000, en Guaynabo, Puerto Rico.

                                                                                                                                                     

                                                                                                         _____________________

                                                                                                         Gazir Sued

                                                                                                         Prisionero de Conciencia

                                                                                                         # 19776-069

                                                                                                         Metropolitan Detention Center

                                                                                                         Federal Bureau of Prisons

                                                                                                         Guaynabo, Puerto Rico

 

 

Defensa Gazir-final.rtf

30-VII-00 (4:25pm)

GS/rzl