Defensa
de Gazir Sued ante el Tribunal Federal
Señor Juez:
Con todo el respeto que merece
como persona, me refiero a usted desde mi actual condición de prisionero de
conciencia y le solicito me permita emitir unas palabras en mi defensa:
I. Justificación teórica y política
En el lenguaje de la teoría moderna de la Justicia y del Derecho podría decirse que en el contexto de un régimen constitucional democrático existen modos de protesta ilegal que no violan las metas de una constitución democrática, toda vez que estos modos de protesta están guiados por los principios de justicia consagrados en ella. Y no sólo no violan sus metas, sino que las representa con la más sincera integridad y las refuerza. Tal es el caso de los actos de desobediencia civil que han sido llevados a cabo por la paz en Vieques. Demostrar esto será objetivo central de mi defensa.
Para tales efectos presentaré un
trasfondo concreto y razonable que justificará las acciones por las que estamos
siendo juzgados. Acciones que son de
naturaleza civil y que como tales están enmarcadas en los principios políticos
constitucionales. Baso mi defensa,
pues, en la premisa de que existe en Puerto Rico un sentido colectivo de la
justicia y que, es este el sentido que ha guiado nuestros actos enmarcados en
los principios políticos constitucionales.
Pienso que la corte federal
debería tomar en consideración la naturaleza civil de los actos que están
siendo juzgados y por los que hemos sido penados injusta e
irrazonablemente. Sostendré de manera
implícita en mi ponencia que nuestros actos constituyen actos de protesta
legítima justificada por los principios políticos de nuestra constitución y que
sobre estas bases fundamentales sería justo y razonable suspender
incondicionalmente cualquier sanción legal.
II. Sobre legitimidad y jurisdicción de la corte federal
Primeramente, para no dar lugar a
confusión o duda alguna, quisiera hacer constar mi posición de conciencia ante
la corte federal norteamericana en Puerto Rico y el problema de legitimidad que
representa al arrogarse jurisdicción sobre mi persona. Quiero aclarar en primera instancia que no
se trata de un problema de orden filosófico ni jurídico exclusivamente, sino de
carácter eminentemente político. Es
político, pues se trata de la autoridad moral que tiene el gobierno federal
norteamericano para someterme a sus procesos judiciales, para juzgarme y tomar
acción sobre mi libertad, decidiendo si encerrarme o castigarme como le
parezca, según dispone su propia ley.
La legitimidad es un valor fundamental para todo estado que
presume regirse por el Derecho y, como tal, constituye un requerimiento
esencial de toda sociedad que se ha consagrado a los principios democráticos
modernos, como lo ha hecho la sociedad de la que soy parte, la sociedad
puertorriqueña. El rango de legalidad,
en las sociedades democráticas modernas, está (o debiera estar en principio)
supeditado al de legitimidad. En otras
palabras, que si bien la ley es el lugar donde se supone se condensa la
voluntad general, y su encargo no es otro sino el de representarla, esta
voluntad general (que precede todo contenido y forma de la ley), no podría ser
otra cosa que la esencia misma de los valores y principios que constituyen la
legitimidad. Es sólo en este orden que
puede presumir la ley de representar la voluntad general y, al hacerlo,
alardear de ser condición de posibilidad de la justicia.
La legitimidad del sistema de derecho
actualmente existente depende, pues, de su fidelidad y devoción a los
principios democráticos consagrados en las constituciones modernas. Es decir, depende del activo cumplimiento y
celosa protección de los derechos humanos, a saber, el derecho a la vida, a la
seguridad, a la felicidad, al bienestar individual y colectivo, al disfrute de
la propiedad y a la libertad. ¿Qué
propiedad puede ser más sagrada que la vida misma? Y la vida, ¿qué valor posible tendría sin la
libertad?
III. Del carácter injusto y discriminatorio del proceso judicial
El gobierno federal ha
comprendido muy bien para sí el espíritu de estos derechos, pero por más de un
siglo se los ha negado a los puertorriqueños.
Es por eso que durante el transcurso de mi defensa mantendré en tela de
juicio la legitimidad, o bien, la autoridad moral del sistema que hoy enjuicia
mis actos. Sobre todo, porque no soy
quién para negar la historia colonial de mi pueblo y confiar ciegamente en la
autoridad federal sería hacerlo. Y más
aún porque no podría soportar la
vergüenza y la complicidad de callar que la corte federal ha sido impuesta por
la misma fuerza militar que hoy me acusa a mí y a mis compañeros, mientras se
mantiene intacta la condición de subordinación política, económica y jurídica
de la nación puertorriqueña por la república imperial norteamericana. Nadie puede negar que hace poco más de cien
años las fuerzas de la armada norteamericana ocuparon militarmente esta tierra,
como tampoco podría nadie ocultar que su marina de guerra raptó a la
isla-municipio de Vieques y la ha maltratado terriblemente por más de seis
décadas.
Es por esta razón que mantengo en
tela de juicio la voluntad que mueve a la marina de guerra a encausarnos y la
intención política de la corte federal al juzgarnos. ¿Qué legitimidad moral podrían tener ambos cuerpos de la misma
entidad para enjuiciarnos si la legalidad de su autoridad ha sido impuesta, no
por virtud de su justeza, sino por la cruda violencia de su fuerza
militar? Es precisamente contra toda
razón de ley impuesta por la fuerza de la violencia militar que se han
levantado los principios de derecho democráticos. Es sobre estos principios que
amparo plenamente mi defensa, que son la razón que me lleva a actuar según los
dictados de mi conciencia.
Ante este escenario cabe una duda
enorme. Si seré acaso juzgado como
puertorriqueño o como ciudadano americano.
De ser la primera no hay jurisdicción posible del tribunal federal sobre
mi persona. De ser la respuesta la
segunda opción, me vería en la misma necesidad urgente de denunciar el carácter
injusto y discriminatorio de este proceso judicial, pues, como ciudadano
americano, nunca he tenido la oportunidad de llevar mis reclamos de paz para
Vieques ante ninguna entidad reconocida por el gobierno federal. Hace ochenta y tres años nos fue impuesta
esta ciudadanía, sí, pero sin los derechos constitucionales reconocidos y
protegidos por la misma. Los
puertorriqueños no tenemos representación ante el congreso de los Estados
Unidos, por lo que no podemos expresar ante dicho cuerpo nuestros sentimientos
y posturas políticas bajo las mismas condiciones que pudiera en derecho hacerlo
cualquier ciudadano americano que no sea puertorriqueño. Ni siquiera podemos elegir, si es que así lo
quisiéramos, personas que democráticamente representen nuestro sentir como
pueblo. Estas condiciones hacen del
proceso judicial uno injusto y discriminatorio y a su vez, convierte los actos
de desobediencia civil en un deber político, en una necesidad vital.
Tenemos una ciudadanía que nos ha
sido impuesta y no tenemos otro derecho ante los procesos judiciales de la
corte federal que someternos a los dictados de su propia ley, sin proveer
espacio previo alguno donde pudiéramos representarnos como supuestos ciudadanos
americanos. El proceso judicial al que
hoy me expongo es característico de un régimen colonial y eso, en sí mismo,
convierte el proceso en uno injusto y discriminatorio, contrario a los
principios democráticos consagrados en la propia constitución norteamericana e inmoral
ante los ojos de la historia y del mundo.
Quizá estas razones pudieran
bastar para pensar que sería tal vez más prudente permanecer callado, pues el
proceso judicial al que estoy siendo sometido es, en sí mismo y por virtud de
una huella histórica de imborrables ofensas, no sólo una afrenta a la dignidad
de mi persona, sino una ofensa más a la dignidad de cualquier puertorriqueño...
No reconozco la autoriad del
tribunal federal para enjuiciarme, ni mucho menos su arrogado derecho a
encerrarme. No reconozco la autoridad
del tribunal federal porque no tiene la legitimidad moral para ejercerla. Pero, a fin de cuentas, poco o nada importa
que yo reconozca su autoridad para juzgar mis actos de conciencia y encerrarme
por negarme a abdicar a mi conciencia. El
gobierno federal tiene el poder mas no la legitimidad de imponerse sobre mí por
la fuerza, y es sólo en este poder
donde reside su autoridad para juzgarme a mí y a toda la gente que hoy
defiende el derecho a la vida y a la paz en la isla de Vieques.
IV. De la naturaleza y las razones
políticas de mi defensa
Sin embargo, para dar razón a mi
defensa a pesar de todo lo antes expuesto, y aún a sabiendas que por más razón
que tenga siempre permanezco en una posición de desventaja, daré lugar a la posibilidad
de que aunque fuera en ocasiones excepcionales, los principios democráticos de
derecho pueden filtrarse y hacerse cabida entre las determinaciones judiciales
de la corte federal. Pensaré, pues, que
el haberme mantenido encerrado hasta el día del juicio ha sido más bien un
malentendido judicial y no un acto llano de mala fe. Presumiré entonces, que el trato discriminatorio contra mi
persona, como contra todos los que hemos sido enjaulados en la cárcel federal
por sumarnos a la causa viequense, se ha tratado de un error judicial, que
aunque nos ha ofendido y maltratado nuestra dignidad como seres humanos, puede
ser todavía enmendado.
Sólo asumiendo la posibilidad,
que tras el poderío judicial del gobierno norteamericano no existe ninguna
voluntad absolutamente perversa y sí seres humanos racionales, capaces de
sentirse indignados ante las injusticias y de regir sus decisiones y sus actos
por los principios que les dicta no sólo la ley sino sus propias conciencias;
sólo pensando ésto, es que justifico tomar acción de palabra en mi
defensa. De lo contrario, de estar
convencido de que esta posibilidad se trata sólo de una ilusión utópica o
simplemente de una torpe ingenuidad mía, para mi defensa bastaría el sólo hecho
de permanecer en sepulcral silencio...
Pero me defiendo porque es
naturaleza humana defenderse de la agresión, porque considero que es mi
deber ciudadano dar cuenta abierta por los actos de mi conciencia y porque me
reservo la esperanza de que las cosas puedan ser de otra manera.
Y es que pertenece al dominio de
la naturaleza humana resistir por cualquier medio cualquier fuerza que quiera
imponerse contra su voluntad, como es sobre todo humano luchar contra
cualquiera que trate de quitarle el sagrado derecho a la libertad. Ese cualquiera podría tratarse de un
maleante o de un fiero animal, pero también podría tratarse de la corte
federal.
Fui aprisionado por soldados y
encerrado en prisión como castigo sin habérseme celebrado juicio alguno que
dictara sentencia condenatoria por alguna culpabilidad. Todavía es el día que espero la lectura de
mis derechos. Trece días pasaron cuando
por vez primera y por tres escasos minutos pude hablar con mi mamá. Veintiocho días he tenido que aguantar el
maltrato carcelario y soportar a los abusivos y malcriados carceleros. Cinco
días pasé en solitaria por darme a respetar de sus abusos de poder sin derecho
a defenderme ni a denunciarlo. Tres
semanas pasaron antes de tener la primera visita de mis padres.
Ejerzo ahora mi derecho a
defenderme ante la corte federal con todas las reservas de sospecha y
desconfianza activadas. Demasiado ha
coqueteado el tribunal federal con la fuerza militar. Demasiadas han sido sus complicidades...
V. En defensa propia: el deber moral de
hacerlo
Me defiendo por voz propia porque
estoy convencido de que nadie podría representarme mejor que yo mismo en este
asunto pues quien haya vivido estas amargas y crudas experiencias de
encierro y maltrato por el gobierno federal, es quien mejor podría
hacerlo. Y si no mejor, de seguro, con
toda la legitimidad moral para hacer valer el intento.
Me defiendo por voz propia porque
soy prisionero de conciencia. Al
defenderme de la corte federal me defiendo de la marina de guerra, y al
hacerlo, defiendo la causa por la paz del pueblo viequense. Me defiendo por voz propia, porque sé que
sólo quienes han visto con sus propios ojos la vasta destrucción
ecológica ocasionada por los bombardeos de la marina, puede dar cuenta precisa
de los resortes que activan la conciencia y sus actos, que son sus más puras
consecuencias. Me defiendo por voz
propia, porque sólo quien ha visto y escuchado los testimonios del dolor y el
sufrimiento de tantos viequenses, puede defenderse con el ímpetu y la
determinación que urge el momento. Me
defiendo por voz propia porque he vivido en cuerpo y alma el drama mortal de
este pueblo y tengo el deber moral de hacerlo...
VI. De la necesidad de la desobediencia
civil en Vieques
¿Por qué estaba en Vieques? ¿Por qué arriesgué mi vida para detener los
bombardeos? Son estas interrogantes lo
primero que entiendo debe tomar en cuenta quien sea que juzgue mis
acciones. Más de nueve mil seres humanos habitan la isla-municipio de
Vieques actualmente, en una escasa tercera parte de su territorio natural. Desde los años cuarenta la marina de
guerra norteamericana ocupa más de dos terceras partes de Vieques, obligando a
emigrar a gran parte de su población y a la restante a concentrarse en
el reducido espacio del centro de la isla, acorralada entre dos áreas
restringidas por la fuerza militar invasora.
Desde entonces la marina de guerra ha estado utilizando la isla de
Vieques, en una parte como almacén de armamentos y tóxicos, en la otra como
campo de tiro y bombardeo.
El impacto sobre la sociedad
civil ha sido dramático. La mayoría de
la población viequense vive bajo niveles de pobreza mayores aún que en el resto
de Puerto Rico. Y es que la presencia
de la marina ha sido un obstáculo enorme a las posibilidades de desarrollo y
crecimiento económico de la isla. Los
pescadores viequenses, como todos sabemos, no pueden ejercer sus trabajos
durante los periodos de bombardeo. Como
si esto no fuera suficiente, aún cuando
han cesado los bombardeos, a la vida marina le toma mucho tiempo reestablecerse
y la pesca se sigue viendo afectada.
Pero el impacto en la sociedad
civil no es sólo económico. Los
viequenses han atravesado terribles
experiencias que han desgarrado sus sentimientos. La muerte de David Sanes es sólo su más reciente ejemplo. Y es que el margen de error de los
bombardeos se extiende hasta el corazón del pueblo. Además, el ruido ensordecedor de los motores de los aviones
militares, que sobrevuelan a altas horas de la noche, no sólo interrumpe
abruptamente el sueño de los residentes sino, al hacerlo, anuncia siempre la
posibilidad de muerte. Lo mismo el
ruido de las bombas cayendo y explotando repentinamente, interrumpiendo el
curso normal en los salones de clases de las escuelas de Vieques. Estos son sólo ejemplos de cómo la presencia
de la marina y sus bombardeos afectan la paz, la tranquilidad y la educación en
Vieques. A esta realidad innegable se
le suma el constante terror de la población, sobre todo de quienes han visto
caer bombas tanto en los patios de sus casas como en los de sus vecinos. La marina de guerra y sus bombardeos afectan
la salud mental de los habitantes de la isla nena. La promesa de reanudar los bombardeos es, bajo cualquier registro
de razón, una práctica de hostigamiento psicológico pues se trata de una
amenaza constante a la seguridad y hasta a la vida de los residentes
viequenses. El reinicio de los
bombardeos es la concreción más cruel e inhumana de esa amenaza. Las prácticas militares en Vieques son,
ante la mirada sensible de cualquier ciudadano, un acto terrorista.
Consecuencia directa de estas
prácticas militares es que la mayor tasa de mortandad infantil la tiene la isla
de Vieques. Consecuencia directa de los
bombardeos es que la mayor incidencia de cáncer y de enfermedades relacionadas
a problemas respiratorios, está en Vieques.
La contaminación ambiental ocasionada por los bombardeos y la
utilización de materiales altamente contaminantes, como el uranio, y los polvos
tóxicos esparcidos sobre la población por los vientos y la cercanía de las
explosiones, está matando lentamente a los viequenses. Eso la marina lo sabe y lo ha confirmado,
así como también se ha desentendido de sus mortales efectos y eso la convierte en genocida.
A las terribles consecuencias
sociales se suma, para empeorar el diario vivir y el incierto porvenir de los
viequenses, la devastación ecológica de las zonas bombardeadas. La destrucción de los recursos naturales, la
contaminación de las casi inexistentes reservas de agua, la matanza de animales
pertenecientes a especies en peligro de extinción, son sólo algunos
ejemplos. La marina de guerra, por si
fuera poco, maltrata, contamina y destruye el medio ambiente, la naturaleza, la
fauna y la vegetación de la isla de Vieques...
Los principios de derecho
constitucional y los principios de derechos humanos, están siendo violados cada
vez que se bombardea la isla de Vieques.
Las evidencias son ya incontables.
Los hechos hablan por sí mismos.
Además, cuando el sufrimiento de la gente es tan evidente y ha sido
exhibido con tanta crudeza durante tanto tiempo, ¿qué otra evidencia podría
estar ausente? ¿Qué hecho podría ser
más contundente? Yo y miles de otros,
hemos exigido a la marina que cese en definitiva los mortales bombardeos, que
devuelva las tierras raptadas y ocupadas, que se vaya y que deje a los
viequenses vivir en paz.
Por más de un año detuvimos los
bombardeos, rehabitando las tierras ocupadas y maltratadas por la marina de
guerra. En Vieques, por espacio de un
año, mantuvimos viva la esperanza de vivir en paz hasta que en mayo de
este mismo año fuimos desalojados por militares y federales. La marina reinició los bombardeos y
nosotros, ciudadanos puertorriqueños, cumpliendo los dictados de nuestras
conciencias, nos dimos a la tarea de llegar al área de tiro, para convertirnos
en escudos humanos y, con nuestros cuerpos a su merced, detener los
bombardeos. Nosotros, cumpliendo
nuestro sagrado deber con la vida, como más pudimos, lo intentamos, pero caímos
prisioneros en el intento y hasta el día de hoy hemos permanecido encerrados en
la prisión federal. Curiosa manera esta
que tiene un tribunal de hacer justicia, encerrándonos a nosotros y defendiendo
al criminal, que es la marina de guerra norteamericana.
La marina de guerra ha violado
las leyes sagradas de la humanidad, consagradas en los principios de derecho en
nuestra constitución y en la propia constitución de los Estados Unidos de
América. Vergüenza debiera tener quien
quiera que dé la cara por la marina...
VII. En el espíritu constitucional
democrático: petición de justicia al juez
Señor Juez, que todo lo antes
expresado baste para mi defensa, pues no existe ley creada por hombre alguno
que pueda valer más que el derecho sagrado a la vida, ni deber más humano que
cuando una fuerza mortal la amenaza o la hostiga, salirle al paso en su
inmediata e incondicional defensa. Es
esto lo que dictan los principios que rigen mi conciencia, y es esta la razón
principal por la que he consagrado mi existencia a esta justa causa hoy librada
en la lucha por la paz en Vieques.
Señor Juez, por virtud de la
autoridad natural que tengo como ser humano, le pido que libere
inmediata e incondicionalmente a todos los prisioneros y prisioneras de
conciencia que ya han sido encarcelados por defender el derecho a la vida y a
la paz en Vieques. Y con
el mismo espíritu que anima mi defensa, le pido que interceda por la liberación
inmediata e incondicional del ambientalista puertorriqueño Alberto de Jesús,
quien ha arriesgado su propia vida y su libertad por los derechos ambientales
de la isla de Vieques y que ha sido injustamente castigado por el sólo acto de
convertir en hechos concretos ese amor tan profundo que siente por la comunidad
viequense.
Señor Juez, mientras escribía las
últimas líneas de mi defensa escuché desde mi celda rumores de que la marina
está alambrando con navajas de serpentina toda la verja que restringe de norte
a sur el perímetro militar. Hoy sabemos
con certeza que se disponen a reiniciar los bombardeos.
Señor Juez, le pido que se inhiba
de juzgar a los compañeros y compañeras que vendrán, porque hoy fuimos poco más
de cien, pero mañana de seguro seremos cientos. El principio que defendemos es que la vida de un solo ser humano
vale más que todas las propiedades juntas del imperio militar más rico y
poderoso del mundo. Que más que el
derecho de propiedad de la marina de guerra, vale el derecho a la vida de un
solo pescador viequense, de cualquier niña o de cualquier envejeciente. Es este el principio de conciencia que
he defendido al defenderme, es el mismo principio por el que me han encerrado y
por el que muy posiblemente seré sentenciado.
Señor Juez, sepa que todo lo que
he dicho, que todo lo que he escrito, es la firma de un compromiso
irrenunciable con la vida; que todo lo que he dicho, que todo lo que he
escrito, es una promesa de que seguiré haciéndolo, y por la que estoy dispuesto
a cualquier sacrificio. En sus manos
queda la suerte inmediata de mi libertad y la de muchos compañeros.
Señor Juez, ésta ha sido mi
defensa. Lo demás, que en su conciencia
quede...
Entre el siete de julio y el 4 de
agosto de 2000, en Guaynabo, Puerto Rico.
_____________________
Gazir
Sued
Prisionero
de Conciencia
# 19776-069
Metropolitan
Detention Center
Federal
Bureau of Prisons
Guaynabo, Puerto Rico
Defensa
Gazir-final.rtf
30-VII-00
(4:25pm)
GS/rzl